El 12 de Abril de 1931 se produjo la celebración de las elecciones municipales, las primeras desde 1920, una vez suspendido el periodo constitucional por la llegada al poder del General Primo de Rivera mediante golpe de estado, aceptado para unos y promovido para otros por parte del rey, y que supuso la instauración de una dictadura que se alargó hasta 1929
La victoria en concejales de los monárquicos no pudo evitar la sensación general, incluso entre los monárquicos, de que los vencedores habían sido los republicanos, entrando el sistema monárquico en una rápida descomposición. El último gobierno de la monarquía presidido por el Almirante Aznar opta, ante los resultados en las ciudades y la toma de las calles por las masas, por no presentar resistencia, actitud que pronto es imitada por el propio monarca.(1)
Mientras, los miembros del Comité Revolucionario que estaban en libertad después del levantamiento del año anterior, Miguel Maura, Niceto Alcalá Zamora, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz y Casares Quiroga, se encontraban reunidos en la casa del primero dilucidando los pasos a seguir. De entre ellos Maura, haciendo honor a su carácter impulsivo, era sin duda el más decidido a tomar el poder sin más dilación, aprovechando el momento de desconcierto del gobierno, para lo cual era secundado de forma más moderada por Alcalá Zamora. Sin duda ambos eran los que más conocían lo que sucedía en Palacio, ya que no en vano ambos conocían las interioridades de la Corte, uno por venir de una familia íntimamente relacionada con la monarquía, habiendo ocupado el padre de Maura numerosos cargos en gobiernos de la Restauración y ocupando además actualmente un puesto en el actual su hermano. Por su parte Alcalá Zamora había ocupado también varios puestos en gobiernos monárquicos antes de 1923.
Según Maura, Largo Caballero y De los Ríos estaban mucho menos decididos a forzar la toma del poder y preferían esperar a las elecciones generales que sin duda se celebrarían a finales de año.
Quizás el hecho que más influyó en los siguientes movimientos del Comité fue la llamada de Gregorio Marañón para que Alcalá Zamora acudiera a su domicilio a entrevistarse con el Conde de Romanones en un último intento de llegar a un gobierno de consenso presidido por un constitucionalista (2), el prestigioso político Miguel Villanueva. El acuerdo no fue posible ya que los republicanos rechazaban ya cualquier solución dentro de la monarquía, pero dejo bien claro a los miembros del Comité del grado de decaimiento del gobierno, lo que, junto con la visita de Sanjurjo mostrándoles sus apoyo, les decide a actuar.
Miguel Maura, sin duda el mas decidido de los miembros del Comite Revolucionario, junto a Azaña.
De esta manera, y previo aviso a Azaña y Lerroux, escondidos en Madrid, para que acudieran al domicilio de Maura, los miembros del Comité, ante la avalancha de proclamaciones de la República que se producen en España, se dirigen en coche al Ministerio de Gobernación. Su propósito de no llamar la atención es inútil, en unas calles abarrotadas de entusiastas, pronto un exaltado se sube al lateral del coche y les abre paso al grito de “Paso al Gobierno de la República”. No todos están igual de animados que Maura en la manera en que van a tomar el poder, algunos, como Azaña, piensan que las fuerzas del orden les van a masacrar, de hecho la actitud de estas han variado durante la jornada entre la confraternización con la población y la represión de las aglomeraciones.
Llegados al ministerio, los miembros llaman a la puerta y ante la pregunta del guardia civil de guardia sobre sus propósitos, Maura, siempre decidido hasta la inconsciencia, le dice que son el Gobierno de la República, a lo que los guardias responden cuadrándose. Una vez dentro, les recibe el único cargo de la monarquía que se había mantenido en su puesto, el subsecretario de Gobernación, al cual conminan a retirarse. Una vez instalados en Gobernación, Maura destituirá telefónicamente uno por uno a los gobernadores civiles de cada provincia, nombrado otros afectos a la causa. Posteriormente el Comité se constituirá en Gobierno Provisional, nombrando presidente a Alcalá Zamora y tomando posesión del resto de los ministerios.
Prácticamente al mismo tiempo el rey se irá por carretera hacia Cartagena, donde saldrá para el exilio a bordo del buque “Príncipe de Asturias” que le desembarcará en Marsella.
Mientras, una vez conocida la toma del poder y la proclamación de la República, el resto de los miembros del Comité que se encontraban en el exilio francés, Indalecio Prieto, Marcelino Domingo, Nicolau d´Olwer y Diego Martínez Barrio, toman camino hacia Madrid entrando por Irún, encontrándose en su camino con unas masas eufóricas que les obligan a detenerse en numerosas estaciones, donde tendrán que dar diversos discursos.
El 15 de Abril saldrán publicados en la Gaceta de Madrid sendos decretos con la constitución del Gobierno Provisional de la República, así como su estatuto jurídico.
De esta forma, en el transcurso de solo tres días España habrá pasado de ser un Monarquía a ser una República entre la alegría de la mayoría de los españoles. Pero no todos compartían dicha felicidad, para algunos fue una autentica hecatombe. Así, el futuro líder de la derecha José María Gil Robles cuenta en sus memorias la frustración y el desconcierto que existían en la redacción del periódico “El Debate”, donde colaboraba, ante la desaparición de una institución milenaria y que consideraban trascendía a la política común. En las zonas mas conservadoras del pais se vivió la llegada como una autentica tragedia, sentimiento claramente alentado por los sectores mas ultramontanos de la Iglesia.
Por su parte, y mediante el citado decreto, el gobierno provisional quedaba así configurado.
Presidente: Niceto Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana)
Gobernación: Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana)
Guerra: Manuel Azaña. (Acción Republicana)
Estado: Alejandro Lerroux (Partido Radical)
Justicia: Fernando de los Ríos (PSOE)
Marina: Santiago Casares Quiroga (ORGA)
Hacienda: Indalecio Prieto. (PSOE)
Instrucción Pública y Bellas Artes: Marcelino Domingo (Partido Radical Socialista)
Fomento: Álvaro de Albornoz (Partido Radical Socialista)
Trabajo: Francisco Largo Caballero (PSOE)
Economía Nacional: Nicolau D´Olwer. (Acción Catalana)
Comunicaciones: Diego Martínez Barrio (Partido Radical)
El gobierno abarcaba todo el arco político republicano. La derecha republicana de nuevo cuño, laica y conservadora, estaba representada por Alcalá Zamora y Maura, en el centro político, viniendo desde la izquierda y de camino a la derecha, se encontraba el republicanismo histórico de carácter populista con Lerroux y su todavía fiel delfín, Martínez Barrio, en la izquierda Azaña representaba a la intelectualidad republicana dispuesta a enfangarse en la política real mientras que Domingo y Albornoz lo hacían del jacobinismo anticlerical y social. Había además, dos guiños a dos de las regiones con inquietudes nacionalistas. D´Olwer militaba en el centro republicano y regionalista, mientras Casares venía del galleguismo que había apostado por tener un carácter más republicano que nacionalista. Por último estaban, al no ser específicamente republicanos, los socialistas con un ministro por cada una de sus almas, De los Ríos representaba la más intelectual, Prieto la pragmática y Largo Caballero, después de sus acercamientos a la dictadura, la más sindicalista y radical.
Los tres ministros socialistas junto con otros políticos del partido, entre ellos Julian Besteiro.
De entre sus miembros ocho eran titulados superiores, Marcelino Domingo era maestro y los tres que no tenían estudios oficiales, Martínez Barrio, Largo Caballero y Prieto, habían conseguido una notable formación autodidacta. En cuanto a sus lugares de origen cuatro eran andaluces, tres madrileños, dos catalanes, dos asturianos (Aunque Prieto ejercía de vasco) y un gallego.
En el decreto que regulaba su composición, estructura y ámbito jurídico, asumía plenos poderes de gobierno, dado el carácter democrático que había tenido su asunción del poder, si bien restringía su actuación a las normas jurídicas y las leyes. En definitiva, lo que pretendía el gobierno provisional es despejar cualquier duda de arbitrariedad en su actuación, dado el limbo jurídico en el que se encontraba, ni tampoco de impunidad, sometiendo, en el artículo 1, su actuación a la Asamblea Constituyente.
En el artículo 2 se plasma su intención de delimitar responsabilidades respecto a las actuaciones a partir de la dictadura de Primo de Rivera, así como recuperar los procedimientos que estuvieran en marcha justo antes de ella, en clara referencia a la sospecha que existía de que uno de los motivos del apoyo de Alfonso XIII al golpe había sido su intención de impedir la investigación sobre las posibles responsabilidades del rey en el desastre de Anual.
Los artículos 3, 4 y 5 garantizan a una serie derechos aunque de manera general. El 3 se refiere a la libertad de conciencia y culto, el 4 a los derechos ciudadanos, y entre ellos el de sindicación, y el 5 a la garantía de la propiedad privada, aunque condicionándolo a la utilidad pública y más en concreto, en el ámbito rural, a su utilidad social dado el abandono en el que se encontraba.
Por último, el artículo 6, el más criticado, preveía la suspensión de los derechos del artículo 4 en caso de necesidad, aunque preveía su fiscalización posterior por parte de las Cortes Constituyentes.
Los problemas para el gobierno provisional empezaron pronto, y no solo por las evidentes diferencias ideológica entre sus componentes, sino también como no podía ser menos en una política tan personalista como la republicana por las personales. Alcalá Zamora, que en sus memorias se presenta con espíritu conciliador, tenía pegas para prácticamente todos sus compañeros. Con Azaña la enemistad venía de atrás, de cuando ambos eran pasantes en un importante bufete de abogados de Madrid, ninguno de los dos se aguantaba y esto condicionaba enormemente su labor política. A Lerroux le consideraba demagogo y manirroto, por no decir corrupto, de los radicales socialistas pensaba que eran una de las grandes rémoras de la República, especialmente en cuanto a la aprobación de la Constitución, y dentro de ella sobre todo en los asuntos religiosos, aparte tenía a Álvaro de Albornoz como voluble y poco cabal. A Nicolau D´Olwer lo veía como un intelectual poco apegado a la realidad e incluso a su correligionario Maura lo consideraba excesivamente impulsivo e irreflexivo. De los pocos ministros con los que no tuvo problemas durante este periodo, como Diego Martínez Barrios, Casares o los socialistas, terminaría siendo enemigo acérrimo posteriormente. Por su parte el resto del gobierno creía que Alcalá Zamora seguía teniendo claros dejes caciquiles en su forma de dirigir el gobierno, y sobre todo cuando fue Presidente de la República.
Diego Martínez Barrio nos relata también como la desconfianza que se tenía sobre Lerroux hizo que le colocaran en una de las carteras donde creían que podía hacer menos daño, la de Estado (Exteriores) lo cual provocaba en el veterano político radical un profundo resquemor, que se tradujo en que se desentendiera de sus funciones en el Consejo de Ministros y pasara largas temporadas en Ginebra.
Mientras, a la mayoría de los ministros se le atravesaban las formas autoritarias de Miguel Maura y su pretendida intención de hacerse el hombre fuerte del nuevo régimen, Casares Quiroga envidiaba la valoración que tenían las reformas de Azaña en el ejercito frente a la suyas en Marina, el mismo Azaña su carácter desdeñoso le hacía despreciar el trabajo de sus compañeros… Curiosamente, los ministros que menos críticas se llevarán en esta época serán los socialistas, quizás porque entre ellos primaba mas la disciplina de partido que el personalismo, aunque pronto saldrían a la luz las tensas relaciones entre Largo Caballero y Prieto.
Pronto se encontrarían los miembros del gobierno los primeros problemas, de los cuales haré aquí referencias aunque es mi intención dedicar a ellos distintos artículos. El mismo 14 de Abril Francesc Macía proclamaba la “República Catalana” dentro del estado federal español, de forma que inmediatamente Domingo, D´Olwer y De los Ríos se trasladaban a Barcelona, donde convencían a Maciá de que renunciara a la República Catalana a cambio de que el gobierno se comprometía a presentar en las Cortes Constituyentes el estatuto que aprobaran los catalanes. El 3 de Agosto se aprobó el Estatuto de Nuria por los catalanes y Macía lo presentaba posteriormente en las Cortes donde era aprobado el 9 de Septiembre de 1932, si bien bastante recortado con respecto al original.
Francesc Maciá proclamando la República catalana.
Poco duró también la calma para el gobierno desde el punto de vista religioso, ya que si bien es cierto que tanto el gobierno se intentó mantener una actitud conciliadora hacia la Iglesia nombrando a dos católicos como Alcalá Zamora y Maura como hombres fuertes del mismo y que desde la jerarquía eclesiástica el nuncio vaticano Tedeschini y ciertos obispos mantuvieron una postura expectante y moderada, también lo es que desde los sectores mas integristas de la Iglesia se atacó desde un primer momento al nuevo régimen, siendo respondido con igual vehemencia por los grupos más anticlericales del republicanismo.
El mismo 14 de Abril, el cardenal Segura, el más radical de obispos españoles que ya había hecho campaña a favor de los monárquicos en las elecciones municipales, atacaba a la incipiente República tachándola de enemiga de la Iglesia, haciendo posteriormente un encendido elogio a Alfonso XIII por su defensa de la Fe. Esto provocó una protesta formal al Vaticano del gobierno, y un aumento de la hostilidad de los anticlericales.
Este ambiente se vio todavía más enrarecido por la quema de conventos que se produjo a partir del 10 de Mayo, como fruto de la provocación por parte de los monárquicos el día de la inauguración del Circulo Monárquico. La supuesta falta de reacción del gobierno, que unos achacan a la falta de interés por terminar con los incidentes y otros a tratar de evitar males mayores con la intervención de la fuerza pública, supuso un motivo más de desencuentro.
Finalmente, la aprobación de una serie de leyes que limitaba los privilegios de la Iglesia, especialmente en materia de educación, desembocaron en un aumento de la tensión con el Gobierno que provocaron la expulsión del cardenal de Vitoria, Víctor Mujica y del propio cardenal Segura. El posterior debate constitucional y la aprobación de una serie de artículos poco favorables a la Iglesia, provocaron incluso la dimisión de los dos miembros católicos del gobierno, Alcalá Zamora y Maura.
El cardenal Segura, representante del sector mas intransigente de la Iglesia española, durante su expulsión de España.
No serían este el único conflicto que mantendría el gobierno con los sectores más retrógrados de la sociedad, su política reformista, especialmente respecto al ejército, el ámbito rural y las condiciones laborales, hicieron que los choques fueran frecuentes.
El problema agrario era sin duda uno de los prioritarios, ya en el decreto de constitución del gobierno se hacía una referencia a él, llegando a limitar el derecho a la propiedad privada en aras de la situación de abandono en que se encontraba el campo español y especialmente en las zonas de Andalucía y Extremadura.
De esta manera, si dictaron una serie de decretos que mejoraban las condiciones de los trabajadores del campo y especialmente de los jornaleros. En ellos se establecían medidas como la obligación de los patronos de contratar a los vecinos del municipio, una mayor dificultad para desahuciar a los arrendatarios, el establecimiento de jurados mixtos para la resolución de conflictos, decretos que intentaban evitar la falta de explotación de las tierras o los propietarios “abstencionistas”, el establecimiento de un seguro de accidentes y de una jornada máxima de ocho horas de trabajo.
Esto originó la oposición de una buena parte de los propietarios agrarios que veían como perdían el control de la actividad agraria, por lo que crearon fuertes asociaciones agrarias que se enfrentaron con vehemencia a las medidas del gobierno.
Urgente se consideraba también la reforma del ejército, tanto en el aspecto operativo, como en el de fidelidad al nuevo régimen. Para ello Manuel Azaña, ministro de guerra, tomó una serie de medidas siendo las más importantes el ofrecimiento del retiro para los oficiales que lo desearan, el cierre de la Academia General del Ejercito de Zaragoza y una modificación en las normas para los ascensos, llegando a anular varios de los concedidos en el último periodo de la monarquía, sobre todo los de “meritos de guerra”.
Desde el punto de vista operativo aspiraba a reducir considerablemente el número de oficiales, desproporcionado respecto al de soldados (Cerca de 10.000 frente a unos 150.000), a la creación de academias mas especializadas para las distintas armas y los ascensos de guerra que favorecían especialmente a la infantería y conllevaban a veces acciones arriesgadas pero inútiles desde el punto de vista militar.
También como he dicho se pretendían asegurar la fidelidad del Ejército, promoviendo el retiro de oficiales monárquicos, descontentos con el nuevo régimen y asumiendo algunas de las reivindicaciones de los sectores del ejército que habían sido más contrarios a la Monarquía y la dictadura, especialmente los ingenieros y artilleros que aspiraban a tener academias de formación propias y a un sistema de ascensos por antigüedad y capacidad en vez de por méritos de guerra donde ellos se veían claramente perjudicados.
Se acusó a Azaña de querer triturar al ejercito, siendo especialmente dolorosa para los sectores más reaccionarios el cierre de la Academia del Ejercito ya que se consideraba que fomentaba la unión entre las distintas armas del Ejército, y la regulación de los ascensos por méritos de guerra, que indignó sobre todo a los oficiales africanistas ya inquietos por el fin de las campañas de Marruecos ya que no solo limitaba sus posibilidades de ascenso, sino que anulaba algunos de los concedidos.
Por último, mediante la derogación de la Ley de Jurisdicciones, se limitaba, aunque no acababa, la intervención de la jurisdicción militar en asuntos civiles.
Las reformas en materia laboral fueron impulsadas por el socialista Largo Caballero, que regulaban básicamente el sistema de convenios colectivos, la rescisión de los contratos de trabajo, marcaba unas vacaciones anuales (siete días), protegía el derecho de huelga, impulsando asimismo los seguros sociales, especialmente el retiro obrero y el de maternidad. Establecía también un sistema de jurados mixtos para resolución de conflictos bastante similares a los de la Dictadura.
Largo Caballero, impulsor de las medidas que mejoraban las condiciones de trabajo.
La oposición en este caso no vino solo desde los sectores conservadores y la patronal, acostumbrados a imponer su criterios frente a los trabajadores, sino también desde la CNT, que consideraba los jurados mixtos una reminiscencia del régimen anterior que solo beneficiaba a la UGT, negándose a participar en ellos.
Polémica también fue la aprobación de la Ley de Defensa de la República, que desarrollaba en parte el artículo 6 del decreto de constitución del Gobierno Provisional permitiendo actuaciones extrajudiciales al gobierno y que fue presentada como indispensable para la gobernar el país por el nuevo gobierno de Azaña surgido en Octubre tras la dimisión de Alcalá Zamora y Maura, debido a los retos que se le planteaban desde la derecha y la izquierda en forma de conspiraciones o levantamientos. Una vez redactada la Constitución y llevada a la votación de la cámara, Azaña planteó que la ley fuera en el texto en forma de disposición adicional para evitar que se le pudiera declara inconstitucional, ya que entraba en conflicto en cuanto a derechos fundamentales con varios artículos de la propia Constitución.
Jornaleros andaluces detenidos por la fuerza pública durante los sucesos de Casas Viejas.
En el terreno estrictamente político el 28 de Junio se celebrarán elecciones a Cortes Constituyentes, presentándose los partidos con representación en el gobierno unas veces aliados entre ellos, otras en alianzas parciales o incluso en solitario. La victoria de la conjunción republicano socialista será aplastante, con prácticamente un 73% de los escaños, que unidos a los restantes partidos netamente republicanos representaban el 90%. La victoria republicana fue por tanto aplastante, dando de a los republicanos una engañosa sensación de triunfo total, como se verá en 1933.
El 31 de Junio las Cortes Constituyentes darán su voto de confianza al Gobierno Provisional, momento en que en mi opinión deja de tener el carácter de provisional debido al refrendo de las Cortes, lo cual hizo que transformara los decretos que había aprobado en leyes.
Bien es cierto que la composición de las Cortes no sería definitiva hasta Octubre de ese año, y que la composición del gobierno sería la misma hasta ese mismo mes, momento en que los dos miembros de la Derecha Liberal Republicana, Alcalá Zamora y Maura dimiten debido a la aprobación por parte de la Cortes del artículo 26 de la Constitución, que consideraban excesivamente laico y discriminatorio para la Iglesia.
Asumiría en ese momento la presidencia del gobierno Manuel Azaña, que se mantendría en Guerra, ocupando la plaza de Maura, Casares Quiroga y la de este en Marina José Girar. Este gobierno es considerado por algunos el segundo gobierno provisional, aunque como he dicho yo creo que el refrendo de las Cortes termina con esta eventualidad. Finalmente en Diciembre, la salida de Lerroux y Martínez Barrio debido a las discrepancias con la colaboración con los socialistas, hace que cualquier atisbo del gobierno provisional desaparezca, siendo llamado Manuel Azaña a formar gobierno por el recién elegido presidente Alcalá Zamora, lo cual hará conformando en esta ocasión mayoritariamente por republicanos de izquierda y socialistas.
(1) Ver artículo sobre las elecciones municipales de 1931.
FUENTES:
GENERALES:
Casanova, Julian: Historia de España; La II República y la Guerra Civil.
MEMORIAS:
Maura, Miguel; Así calló Alfonso XIII
Alcala Zamora, Niceto; Memorias.
Gil Robles, Jose Maria; No fue posible la paz
Martinez Barrio, Diego: Memorias.
DOCUMENTOS:
Decreto de 15 de Abril publicado en la Gaceta de Madrid sobre el estatuto jurídico del Gobierno Provisional.
SALUDOS.
La victoria en concejales de los monárquicos no pudo evitar la sensación general, incluso entre los monárquicos, de que los vencedores habían sido los republicanos, entrando el sistema monárquico en una rápida descomposición. El último gobierno de la monarquía presidido por el Almirante Aznar opta, ante los resultados en las ciudades y la toma de las calles por las masas, por no presentar resistencia, actitud que pronto es imitada por el propio monarca.(1)
Mientras, los miembros del Comité Revolucionario que estaban en libertad después del levantamiento del año anterior, Miguel Maura, Niceto Alcalá Zamora, Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Álvaro de Albornoz y Casares Quiroga, se encontraban reunidos en la casa del primero dilucidando los pasos a seguir. De entre ellos Maura, haciendo honor a su carácter impulsivo, era sin duda el más decidido a tomar el poder sin más dilación, aprovechando el momento de desconcierto del gobierno, para lo cual era secundado de forma más moderada por Alcalá Zamora. Sin duda ambos eran los que más conocían lo que sucedía en Palacio, ya que no en vano ambos conocían las interioridades de la Corte, uno por venir de una familia íntimamente relacionada con la monarquía, habiendo ocupado el padre de Maura numerosos cargos en gobiernos de la Restauración y ocupando además actualmente un puesto en el actual su hermano. Por su parte Alcalá Zamora había ocupado también varios puestos en gobiernos monárquicos antes de 1923.
Según Maura, Largo Caballero y De los Ríos estaban mucho menos decididos a forzar la toma del poder y preferían esperar a las elecciones generales que sin duda se celebrarían a finales de año.
Quizás el hecho que más influyó en los siguientes movimientos del Comité fue la llamada de Gregorio Marañón para que Alcalá Zamora acudiera a su domicilio a entrevistarse con el Conde de Romanones en un último intento de llegar a un gobierno de consenso presidido por un constitucionalista (2), el prestigioso político Miguel Villanueva. El acuerdo no fue posible ya que los republicanos rechazaban ya cualquier solución dentro de la monarquía, pero dejo bien claro a los miembros del Comité del grado de decaimiento del gobierno, lo que, junto con la visita de Sanjurjo mostrándoles sus apoyo, les decide a actuar.
Miguel Maura, sin duda el mas decidido de los miembros del Comite Revolucionario, junto a Azaña.
De esta manera, y previo aviso a Azaña y Lerroux, escondidos en Madrid, para que acudieran al domicilio de Maura, los miembros del Comité, ante la avalancha de proclamaciones de la República que se producen en España, se dirigen en coche al Ministerio de Gobernación. Su propósito de no llamar la atención es inútil, en unas calles abarrotadas de entusiastas, pronto un exaltado se sube al lateral del coche y les abre paso al grito de “Paso al Gobierno de la República”. No todos están igual de animados que Maura en la manera en que van a tomar el poder, algunos, como Azaña, piensan que las fuerzas del orden les van a masacrar, de hecho la actitud de estas han variado durante la jornada entre la confraternización con la población y la represión de las aglomeraciones.
Llegados al ministerio, los miembros llaman a la puerta y ante la pregunta del guardia civil de guardia sobre sus propósitos, Maura, siempre decidido hasta la inconsciencia, le dice que son el Gobierno de la República, a lo que los guardias responden cuadrándose. Una vez dentro, les recibe el único cargo de la monarquía que se había mantenido en su puesto, el subsecretario de Gobernación, al cual conminan a retirarse. Una vez instalados en Gobernación, Maura destituirá telefónicamente uno por uno a los gobernadores civiles de cada provincia, nombrado otros afectos a la causa. Posteriormente el Comité se constituirá en Gobierno Provisional, nombrando presidente a Alcalá Zamora y tomando posesión del resto de los ministerios.
Prácticamente al mismo tiempo el rey se irá por carretera hacia Cartagena, donde saldrá para el exilio a bordo del buque “Príncipe de Asturias” que le desembarcará en Marsella.
Mientras, una vez conocida la toma del poder y la proclamación de la República, el resto de los miembros del Comité que se encontraban en el exilio francés, Indalecio Prieto, Marcelino Domingo, Nicolau d´Olwer y Diego Martínez Barrio, toman camino hacia Madrid entrando por Irún, encontrándose en su camino con unas masas eufóricas que les obligan a detenerse en numerosas estaciones, donde tendrán que dar diversos discursos.
El 15 de Abril saldrán publicados en la Gaceta de Madrid sendos decretos con la constitución del Gobierno Provisional de la República, así como su estatuto jurídico.
De esta forma, en el transcurso de solo tres días España habrá pasado de ser un Monarquía a ser una República entre la alegría de la mayoría de los españoles. Pero no todos compartían dicha felicidad, para algunos fue una autentica hecatombe. Así, el futuro líder de la derecha José María Gil Robles cuenta en sus memorias la frustración y el desconcierto que existían en la redacción del periódico “El Debate”, donde colaboraba, ante la desaparición de una institución milenaria y que consideraban trascendía a la política común. En las zonas mas conservadoras del pais se vivió la llegada como una autentica tragedia, sentimiento claramente alentado por los sectores mas ultramontanos de la Iglesia.
Por su parte, y mediante el citado decreto, el gobierno provisional quedaba así configurado.
Presidente: Niceto Alcalá Zamora (Derecha Liberal Republicana)
Gobernación: Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana)
Guerra: Manuel Azaña. (Acción Republicana)
Estado: Alejandro Lerroux (Partido Radical)
Justicia: Fernando de los Ríos (PSOE)
Marina: Santiago Casares Quiroga (ORGA)
Hacienda: Indalecio Prieto. (PSOE)
Instrucción Pública y Bellas Artes: Marcelino Domingo (Partido Radical Socialista)
Fomento: Álvaro de Albornoz (Partido Radical Socialista)
Trabajo: Francisco Largo Caballero (PSOE)
Economía Nacional: Nicolau D´Olwer. (Acción Catalana)
Comunicaciones: Diego Martínez Barrio (Partido Radical)
El gobierno abarcaba todo el arco político republicano. La derecha republicana de nuevo cuño, laica y conservadora, estaba representada por Alcalá Zamora y Maura, en el centro político, viniendo desde la izquierda y de camino a la derecha, se encontraba el republicanismo histórico de carácter populista con Lerroux y su todavía fiel delfín, Martínez Barrio, en la izquierda Azaña representaba a la intelectualidad republicana dispuesta a enfangarse en la política real mientras que Domingo y Albornoz lo hacían del jacobinismo anticlerical y social. Había además, dos guiños a dos de las regiones con inquietudes nacionalistas. D´Olwer militaba en el centro republicano y regionalista, mientras Casares venía del galleguismo que había apostado por tener un carácter más republicano que nacionalista. Por último estaban, al no ser específicamente republicanos, los socialistas con un ministro por cada una de sus almas, De los Ríos representaba la más intelectual, Prieto la pragmática y Largo Caballero, después de sus acercamientos a la dictadura, la más sindicalista y radical.
Los tres ministros socialistas junto con otros políticos del partido, entre ellos Julian Besteiro.
De entre sus miembros ocho eran titulados superiores, Marcelino Domingo era maestro y los tres que no tenían estudios oficiales, Martínez Barrio, Largo Caballero y Prieto, habían conseguido una notable formación autodidacta. En cuanto a sus lugares de origen cuatro eran andaluces, tres madrileños, dos catalanes, dos asturianos (Aunque Prieto ejercía de vasco) y un gallego.
En el decreto que regulaba su composición, estructura y ámbito jurídico, asumía plenos poderes de gobierno, dado el carácter democrático que había tenido su asunción del poder, si bien restringía su actuación a las normas jurídicas y las leyes. En definitiva, lo que pretendía el gobierno provisional es despejar cualquier duda de arbitrariedad en su actuación, dado el limbo jurídico en el que se encontraba, ni tampoco de impunidad, sometiendo, en el artículo 1, su actuación a la Asamblea Constituyente.
En el artículo 2 se plasma su intención de delimitar responsabilidades respecto a las actuaciones a partir de la dictadura de Primo de Rivera, así como recuperar los procedimientos que estuvieran en marcha justo antes de ella, en clara referencia a la sospecha que existía de que uno de los motivos del apoyo de Alfonso XIII al golpe había sido su intención de impedir la investigación sobre las posibles responsabilidades del rey en el desastre de Anual.
Los artículos 3, 4 y 5 garantizan a una serie derechos aunque de manera general. El 3 se refiere a la libertad de conciencia y culto, el 4 a los derechos ciudadanos, y entre ellos el de sindicación, y el 5 a la garantía de la propiedad privada, aunque condicionándolo a la utilidad pública y más en concreto, en el ámbito rural, a su utilidad social dado el abandono en el que se encontraba.
Por último, el artículo 6, el más criticado, preveía la suspensión de los derechos del artículo 4 en caso de necesidad, aunque preveía su fiscalización posterior por parte de las Cortes Constituyentes.
Los problemas para el gobierno provisional empezaron pronto, y no solo por las evidentes diferencias ideológica entre sus componentes, sino también como no podía ser menos en una política tan personalista como la republicana por las personales. Alcalá Zamora, que en sus memorias se presenta con espíritu conciliador, tenía pegas para prácticamente todos sus compañeros. Con Azaña la enemistad venía de atrás, de cuando ambos eran pasantes en un importante bufete de abogados de Madrid, ninguno de los dos se aguantaba y esto condicionaba enormemente su labor política. A Lerroux le consideraba demagogo y manirroto, por no decir corrupto, de los radicales socialistas pensaba que eran una de las grandes rémoras de la República, especialmente en cuanto a la aprobación de la Constitución, y dentro de ella sobre todo en los asuntos religiosos, aparte tenía a Álvaro de Albornoz como voluble y poco cabal. A Nicolau D´Olwer lo veía como un intelectual poco apegado a la realidad e incluso a su correligionario Maura lo consideraba excesivamente impulsivo e irreflexivo. De los pocos ministros con los que no tuvo problemas durante este periodo, como Diego Martínez Barrios, Casares o los socialistas, terminaría siendo enemigo acérrimo posteriormente. Por su parte el resto del gobierno creía que Alcalá Zamora seguía teniendo claros dejes caciquiles en su forma de dirigir el gobierno, y sobre todo cuando fue Presidente de la República.
Diego Martínez Barrio nos relata también como la desconfianza que se tenía sobre Lerroux hizo que le colocaran en una de las carteras donde creían que podía hacer menos daño, la de Estado (Exteriores) lo cual provocaba en el veterano político radical un profundo resquemor, que se tradujo en que se desentendiera de sus funciones en el Consejo de Ministros y pasara largas temporadas en Ginebra.
Mientras, a la mayoría de los ministros se le atravesaban las formas autoritarias de Miguel Maura y su pretendida intención de hacerse el hombre fuerte del nuevo régimen, Casares Quiroga envidiaba la valoración que tenían las reformas de Azaña en el ejercito frente a la suyas en Marina, el mismo Azaña su carácter desdeñoso le hacía despreciar el trabajo de sus compañeros… Curiosamente, los ministros que menos críticas se llevarán en esta época serán los socialistas, quizás porque entre ellos primaba mas la disciplina de partido que el personalismo, aunque pronto saldrían a la luz las tensas relaciones entre Largo Caballero y Prieto.
Pronto se encontrarían los miembros del gobierno los primeros problemas, de los cuales haré aquí referencias aunque es mi intención dedicar a ellos distintos artículos. El mismo 14 de Abril Francesc Macía proclamaba la “República Catalana” dentro del estado federal español, de forma que inmediatamente Domingo, D´Olwer y De los Ríos se trasladaban a Barcelona, donde convencían a Maciá de que renunciara a la República Catalana a cambio de que el gobierno se comprometía a presentar en las Cortes Constituyentes el estatuto que aprobaran los catalanes. El 3 de Agosto se aprobó el Estatuto de Nuria por los catalanes y Macía lo presentaba posteriormente en las Cortes donde era aprobado el 9 de Septiembre de 1932, si bien bastante recortado con respecto al original.
Francesc Maciá proclamando la República catalana.
Poco duró también la calma para el gobierno desde el punto de vista religioso, ya que si bien es cierto que tanto el gobierno se intentó mantener una actitud conciliadora hacia la Iglesia nombrando a dos católicos como Alcalá Zamora y Maura como hombres fuertes del mismo y que desde la jerarquía eclesiástica el nuncio vaticano Tedeschini y ciertos obispos mantuvieron una postura expectante y moderada, también lo es que desde los sectores mas integristas de la Iglesia se atacó desde un primer momento al nuevo régimen, siendo respondido con igual vehemencia por los grupos más anticlericales del republicanismo.
El mismo 14 de Abril, el cardenal Segura, el más radical de obispos españoles que ya había hecho campaña a favor de los monárquicos en las elecciones municipales, atacaba a la incipiente República tachándola de enemiga de la Iglesia, haciendo posteriormente un encendido elogio a Alfonso XIII por su defensa de la Fe. Esto provocó una protesta formal al Vaticano del gobierno, y un aumento de la hostilidad de los anticlericales.
Este ambiente se vio todavía más enrarecido por la quema de conventos que se produjo a partir del 10 de Mayo, como fruto de la provocación por parte de los monárquicos el día de la inauguración del Circulo Monárquico. La supuesta falta de reacción del gobierno, que unos achacan a la falta de interés por terminar con los incidentes y otros a tratar de evitar males mayores con la intervención de la fuerza pública, supuso un motivo más de desencuentro.
Finalmente, la aprobación de una serie de leyes que limitaba los privilegios de la Iglesia, especialmente en materia de educación, desembocaron en un aumento de la tensión con el Gobierno que provocaron la expulsión del cardenal de Vitoria, Víctor Mujica y del propio cardenal Segura. El posterior debate constitucional y la aprobación de una serie de artículos poco favorables a la Iglesia, provocaron incluso la dimisión de los dos miembros católicos del gobierno, Alcalá Zamora y Maura.
El cardenal Segura, representante del sector mas intransigente de la Iglesia española, durante su expulsión de España.
No serían este el único conflicto que mantendría el gobierno con los sectores más retrógrados de la sociedad, su política reformista, especialmente respecto al ejército, el ámbito rural y las condiciones laborales, hicieron que los choques fueran frecuentes.
El problema agrario era sin duda uno de los prioritarios, ya en el decreto de constitución del gobierno se hacía una referencia a él, llegando a limitar el derecho a la propiedad privada en aras de la situación de abandono en que se encontraba el campo español y especialmente en las zonas de Andalucía y Extremadura.
De esta manera, si dictaron una serie de decretos que mejoraban las condiciones de los trabajadores del campo y especialmente de los jornaleros. En ellos se establecían medidas como la obligación de los patronos de contratar a los vecinos del municipio, una mayor dificultad para desahuciar a los arrendatarios, el establecimiento de jurados mixtos para la resolución de conflictos, decretos que intentaban evitar la falta de explotación de las tierras o los propietarios “abstencionistas”, el establecimiento de un seguro de accidentes y de una jornada máxima de ocho horas de trabajo.
Esto originó la oposición de una buena parte de los propietarios agrarios que veían como perdían el control de la actividad agraria, por lo que crearon fuertes asociaciones agrarias que se enfrentaron con vehemencia a las medidas del gobierno.
Urgente se consideraba también la reforma del ejército, tanto en el aspecto operativo, como en el de fidelidad al nuevo régimen. Para ello Manuel Azaña, ministro de guerra, tomó una serie de medidas siendo las más importantes el ofrecimiento del retiro para los oficiales que lo desearan, el cierre de la Academia General del Ejercito de Zaragoza y una modificación en las normas para los ascensos, llegando a anular varios de los concedidos en el último periodo de la monarquía, sobre todo los de “meritos de guerra”.
Desde el punto de vista operativo aspiraba a reducir considerablemente el número de oficiales, desproporcionado respecto al de soldados (Cerca de 10.000 frente a unos 150.000), a la creación de academias mas especializadas para las distintas armas y los ascensos de guerra que favorecían especialmente a la infantería y conllevaban a veces acciones arriesgadas pero inútiles desde el punto de vista militar.
También como he dicho se pretendían asegurar la fidelidad del Ejército, promoviendo el retiro de oficiales monárquicos, descontentos con el nuevo régimen y asumiendo algunas de las reivindicaciones de los sectores del ejército que habían sido más contrarios a la Monarquía y la dictadura, especialmente los ingenieros y artilleros que aspiraban a tener academias de formación propias y a un sistema de ascensos por antigüedad y capacidad en vez de por méritos de guerra donde ellos se veían claramente perjudicados.
Se acusó a Azaña de querer triturar al ejercito, siendo especialmente dolorosa para los sectores más reaccionarios el cierre de la Academia del Ejercito ya que se consideraba que fomentaba la unión entre las distintas armas del Ejército, y la regulación de los ascensos por méritos de guerra, que indignó sobre todo a los oficiales africanistas ya inquietos por el fin de las campañas de Marruecos ya que no solo limitaba sus posibilidades de ascenso, sino que anulaba algunos de los concedidos.
Por último, mediante la derogación de la Ley de Jurisdicciones, se limitaba, aunque no acababa, la intervención de la jurisdicción militar en asuntos civiles.
Las reformas en materia laboral fueron impulsadas por el socialista Largo Caballero, que regulaban básicamente el sistema de convenios colectivos, la rescisión de los contratos de trabajo, marcaba unas vacaciones anuales (siete días), protegía el derecho de huelga, impulsando asimismo los seguros sociales, especialmente el retiro obrero y el de maternidad. Establecía también un sistema de jurados mixtos para resolución de conflictos bastante similares a los de la Dictadura.
Largo Caballero, impulsor de las medidas que mejoraban las condiciones de trabajo.
La oposición en este caso no vino solo desde los sectores conservadores y la patronal, acostumbrados a imponer su criterios frente a los trabajadores, sino también desde la CNT, que consideraba los jurados mixtos una reminiscencia del régimen anterior que solo beneficiaba a la UGT, negándose a participar en ellos.
Polémica también fue la aprobación de la Ley de Defensa de la República, que desarrollaba en parte el artículo 6 del decreto de constitución del Gobierno Provisional permitiendo actuaciones extrajudiciales al gobierno y que fue presentada como indispensable para la gobernar el país por el nuevo gobierno de Azaña surgido en Octubre tras la dimisión de Alcalá Zamora y Maura, debido a los retos que se le planteaban desde la derecha y la izquierda en forma de conspiraciones o levantamientos. Una vez redactada la Constitución y llevada a la votación de la cámara, Azaña planteó que la ley fuera en el texto en forma de disposición adicional para evitar que se le pudiera declara inconstitucional, ya que entraba en conflicto en cuanto a derechos fundamentales con varios artículos de la propia Constitución.
Jornaleros andaluces detenidos por la fuerza pública durante los sucesos de Casas Viejas.
En el terreno estrictamente político el 28 de Junio se celebrarán elecciones a Cortes Constituyentes, presentándose los partidos con representación en el gobierno unas veces aliados entre ellos, otras en alianzas parciales o incluso en solitario. La victoria de la conjunción republicano socialista será aplastante, con prácticamente un 73% de los escaños, que unidos a los restantes partidos netamente republicanos representaban el 90%. La victoria republicana fue por tanto aplastante, dando de a los republicanos una engañosa sensación de triunfo total, como se verá en 1933.
El 31 de Junio las Cortes Constituyentes darán su voto de confianza al Gobierno Provisional, momento en que en mi opinión deja de tener el carácter de provisional debido al refrendo de las Cortes, lo cual hizo que transformara los decretos que había aprobado en leyes.
Bien es cierto que la composición de las Cortes no sería definitiva hasta Octubre de ese año, y que la composición del gobierno sería la misma hasta ese mismo mes, momento en que los dos miembros de la Derecha Liberal Republicana, Alcalá Zamora y Maura dimiten debido a la aprobación por parte de la Cortes del artículo 26 de la Constitución, que consideraban excesivamente laico y discriminatorio para la Iglesia.
Asumiría en ese momento la presidencia del gobierno Manuel Azaña, que se mantendría en Guerra, ocupando la plaza de Maura, Casares Quiroga y la de este en Marina José Girar. Este gobierno es considerado por algunos el segundo gobierno provisional, aunque como he dicho yo creo que el refrendo de las Cortes termina con esta eventualidad. Finalmente en Diciembre, la salida de Lerroux y Martínez Barrio debido a las discrepancias con la colaboración con los socialistas, hace que cualquier atisbo del gobierno provisional desaparezca, siendo llamado Manuel Azaña a formar gobierno por el recién elegido presidente Alcalá Zamora, lo cual hará conformando en esta ocasión mayoritariamente por republicanos de izquierda y socialistas.
(1) Ver artículo sobre las elecciones municipales de 1931.
FUENTES:
GENERALES:
Casanova, Julian: Historia de España; La II República y la Guerra Civil.
MEMORIAS:
Maura, Miguel; Así calló Alfonso XIII
Alcala Zamora, Niceto; Memorias.
Gil Robles, Jose Maria; No fue posible la paz
Martinez Barrio, Diego: Memorias.
DOCUMENTOS:
Decreto de 15 de Abril publicado en la Gaceta de Madrid sobre el estatuto jurídico del Gobierno Provisional.
SALUDOS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario