Tal y como expuse en el primer artículo, se produjo por parte de la propaganda del régimen franquista, y por extensión de la historiografía del mismo signo, una utilización del asesinato de Calvo Sotelo con el fin de justificar un golpe de estado que por otra parte estaba ya más que decidido cuando se produjo.
Esta justificación se basó, como ya dije, en tres puntos, la sobrevaloración de la figura del propio Calvo Sotelo, y por tanto del significado de su asesinato, que ya analicé, la presentación de este como el resultado de un proceso prerrevolucionario marcado por la conflictividad y la violencia, así como la responsabilidad del gobierno a través de la participación del PSOE en los hechos.
En cuanto al segundo punto, se enmarca dentro de la llamada “Primavera trágica del 36” que últimamente ha sido estudiada por algunos historiadores como Eduardo González Calleja o Rafael Cruz.
Portada de La Voz sobre las elecciones de 1936
Este periodo, que va desde la victoria de la coalición electoral Frente Popular en Febrero de 1936 hasta el golpe de estado de Julio de 1936 habría estado, según los historiadores franquistas, marcado por una gran conflictividad social, que se reflejará en la gran cantidad de huelgas y la quema de iglesias, y por una gran violencia que habría sido ejercida de forma prácticamente unilateral por parte de la izquierda hacia la derecha. La reacción de esta vendría dada por lo que Gil Robles definió como “Media España se niega a morir”.
Sin embargo, si bien es cierto que el periodo fue conflictivo y violento, no lo fue en el sentido que se nos pretende dar. Las huelgas que se dieron en este periodo, y con ellas la más importante, la de la construcción de Madrid, tuvieron normalmente un carácter reivindicativo y social, aprovechando los sindicatos la presencia de gobiernos más favorables a sus postulados para intentar recuperar unos derechos que según ellos se habían visto mermados durante el periodo radical-cedista. No pretendían, tal y como ocurrió con la huelga general revolucionaria de 1934, cambiar el gobierno y mucho menos el régimen, y no eran, por tanto, huelga política o revolucionarias.
Guardia Civil patrullando en Oviedo durante una huelga.
Tampoco fue un periodo especialmente conflictivo en este sentido comparado con el mismo periodo en Francia, con un gobierno también de Frente Popular, ni con los años veinte del mismo siglo en España.
De igual forma se habían producido con anterioridad quemas de conventos e iglesias, durante el periodo monárquico y republicano e incluso durante el siglo XIX. Igualmente, aunque detallaré algunos aspectos más adelante, el principio del siglo XX, había sido profuso en incidentes provocados por el pistolerismo y en atentados contra importantes personalidades, incluso presidentes del gobierno y el propio rey.
Incidentes durante la Primavera de 1936
Era, por tanto, un periodo difícil, pero en ningún caso excepcional.
Merece la pena, por otra parte, detenernos en el tema de la violencia política, que se ha pretendido presentar como unidireccional desde la izquierda a la derecha.
Casi todos los historiadores y cronistas marcan el inicio de la violencia en este periodo en la muerte de un repartidor de periódicos socialista, respondido con la muerte de un falangista. A partir de aquí se iniciaría una espiral de violencia marcada por los atentados y venganzas entre la extrema derecha y la extrema izquierda con el resultado, en muchas ocasiones, de muerte.
Es cierto que había habido anteriormente violencia entre estos grupos, como por ejemplo la muerte del falangista Cuellar, que fue respondido con la muerte de varios miembros de las juventudes socialistas, entre ellos la famosa Juanita Rico, símbolo desde ese momento para los socialistas, pero también es evidente que no con la misma virulencia.
El historiador Angel Viñas, citando los trabajos de Rafael Cruz y González Calleja, estima que, como mínimo, un 42% de las víctimas de ese periodo eran izquierdistas, lo que daría otra visión al periodo.
Pero además, la violencia de extrema derecha dio un salto cualitativo que excedió la lucha callejera entre extremistas. Cito en este caso a Diego Martinez Barrio:
“A principios de marzo comenzaron los atentados. El día 12 de marzo, a la salida de su domicilio, el catedrático de la Universidad Central, don Luis Jiménez de Asua fue agredido a tiros por un grupo que le esperaba. El señor Jiménez de Asúa resultó ileso, pero un agente de policía que le acompañaba, don Jesús Gisbert, quedó muerto en mitad de la calle.
El día 15 del mismo mes varios desconocidos tirotearon la casa del diputado socialista señor Largo Caballero, a la hora en que este solía regresar del Congreso.
El día 7 de Abril, un mozalbete llevó al domicilio de don Eduardo Ortega y Gasset, antiguo gobernador de Madrid, un cesto de frutas. A los pocos minutos estallaba una bomba, destrozando la vivienda del señor Ortega.
El 13 de Abril, otros desconocidos mataron en la puerta de su casa al magistrado del Tribunal Supremo don Manuel Pedregal, que había sido ponente en la causa instruida por el atentado contra Jiménez de Asúa.
El 7 de Mayo asesinaron al capitán de artillería don Carlos Faraudo, instructor de las milicias socialistas.
El 8 de Mayo, a varios individuos apostados en un automóvil ante la puerta del domicilio del ex ministro señor Álvarez Mendizábal, se le encontraron pistolas ametralladoras y otras armas que pensaban utilizar, dijeron, contra el desafortunado ministro.”.
A estos atentados habría que añadirles otros de cierta importancia, como los que sufrieron los militares Jiménez Canito o Moracho y las muertes del periodista santanderino Luis Malumbres y del guipuzcoano Manuel Andrés.
Me gustaría detenerme en dos de estos atentados, el de Jiménez de Asúa y el de Carlos Faraudo, tanto por su significación como por sus consecuencias.
Luis Jiménez de Asua era, aparte de catedrático de derecho, era quizás el penalista más reputado de España y desde el punto de vista político fue, además de diputado del PSOE, presidente de la comisión para la elaboración de la Constitución de 1931 y vicepresidente de las Cortes salidas de las elecciones del 36.
Luis Jimenez de Asúa
Sus atacantes atentaron, por tanto, no solo contra el catedrático, ya que la facultad de Derecho era la más conflictiva de la época, ni el diputado socialistas, sino contra una representación viva de la propia República.
Íntimamente relacionada con el atentado anterior y muy significativa fue también la muerte del juez Manuel Pedregal, ponente del juicio contra los asesinos y agresores del guardaespaldas y el propio Jiménez de Asúa, y que condenó a 25 años al único atacante capturado en el momento del atentado, un falangista de apellido Ortega. Este asesinato, sin duda, marcaba la salida que se había producido por parte de la extrema derecha de la legalidad republicana, no solo habían atentado contra alguien que personificaba a la ley de mayor importancia del estado y el parlamento democrático, sino también contra la capacidad del estado de juzgar a los que le atacaban.
De gran importancia, aunque no haya tenido una gran trascendencia histórica, fue el asesinato del capitán de Ingenieros Carlos Faraudo, militar de tendencia socialista muerto cuando paseaba con su mujer y del cual, como expone Martinez Barrios se decía que entrenaba a las milicias socialistas, además de pertenecer a la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA). Su muerte causó gran conmoción entre sus compañeros, llevando a hombros su féretro entre otros el capitán Condés y el teniente Castillo, y más teniendo en cuenta que el día anterior al parecer la policía había descubierto en un registro una lista que se achacaba a la Unión Militar Española, de extrema derecha. En ella aparecían los nombres de los militares izquierdistas o republicanos que debían ser eliminados, esos nombres eran el capitán Faraudo, el teniente Castillo, el teniente Moreno y el aviador Hidalgo de Cisneros.
Vamos a detenernos un poco más en la UME. Era esta una asociación de militares monárquicos y ultraderechistas que se había creado en 1934 al estilo de las Juntas Militares de la Monarquía. Fueron sus impulsores el comandante de Estado Mayor Barba Hernández y el teniente coronel retirado Rodríguez Tarduchy, y su objetivo era claramente el fin de la República mediante un golpe de estado, habiendo participado algunos de los militares que la componían, casi todos de escala media, en el del 32.
Se achacó también a la UME los atentados de Teniente Coronel Jiménez Canito, militar republicano que tuvo mando en unidades durante la guerra y fue gobernador militar de Murcia, tiroteado por otro uniformado en pleno centro de Madrid resultando gravemente herido, y del atentado contra el coronel Moracho en Barcelona, atentando realizado contra su vehículo y que se achacó a la UME ya que se utilizaron en el las bombas de mano reglamentarias en el ejercito. El coronel salió ileso del atentado, pero de poco le valió ya que meses después le sorprendió el alzamiento militar por Zaragoza de camino a Barcelona, siendo detenido y fusilado por orden de Cabanellas.
Teniente Coronel Jimenez Canito
Pero fue la muerte del capitán Faraudo la que sin duda soliviantó a los militares de tendencia socialista, según parece acudieron al Ministro de Gobernación para exigirle medidas y decirle “que no se dejarían cazar como conejos”. Expone además Gil Robles en sus memorias que ese mismo día se reunieron varios de estos militares con el diputado González Peña con el fin de planificar una acción contra líderes de la derecha.
Queda claro, en mi opinión, que la violencia unilateral izquierdista que se ha pretendido presentar en muchas ocasiones es totalmente falsa. Evidentemente esto no significa que esta violencia no existiera, pero si podemos llegar a deducir que durante la primavera de 1936 existió un clima social muy complicado con reivindicaciones sociales muy numerosas y violencia sectaria bastante importante, aunque en ningún modo singular, siendo una parte de ella además, cualitativamente más importante, con el fin, a mi modesto entender, y lo expondré en mis conclusiones a este suceso, de provocar una reacción como la que se produjo.
SALUDOS
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